Todo empieza por la norma, aunque nadie la haya colgado aún en el tablón
Cada región ha afinado su propia partitura, pero hay acordes comunes: se endurecen los requisitos de seguridad, se regulan los aforos con lupa y se reclama una mayor trazabilidad en el mantenimiento. Eso, y una realidad menos visible: ahora toca justificar casi todo.
A efectos prácticos, esto supone que abrir la piscina ya no es una decisión vecinal; es una responsabilidad legal. Y conviene afrontarla como tal, no solo por la posibilidad de sanciones, sino por lo que implica para la convivencia.
Socorrista obligatorio: una figura que ya no es exclusiva de las grandes urbanizaciones
Durante años, muchas comunidades se libraban de este gasto al no superar el número de usuarios exigido. En 2025, eso cambia. Varias autonomías han rebajado el umbral de aforo y, con ello, aumenta el número de comunidades que necesitan contar con un socorrista profesional.
Más allá del coste —que lo tiene—, hay que prever su contratación formal, la cobertura en fines de semana, la formación acreditada y la compatibilidad con el seguro. Porque si hay un incidente, no basta con haber “hecho lo posible”; se exige haber cumplido con lo exigido.
La accesibilidad ya no es un añadido: es un derecho regulado
Rampas, grúas de acceso al agua, vestuarios adaptados y señalización clara no son recomendaciones. Son requisitos. Especialmente en piscinas construidas antes del año 2000, donde muchas de estas condiciones brillan por su ausencia.
El espíritu de la norma es claro: garantizar que cualquier persona, sin importar su movilidad, pueda disfrutar del espacio en igualdad. ¿El problema? Que muchas comunidades ni lo saben ni lo han contemplado en presupuestos.
Control digital del agua y de las tareas: el fin de los apuntes en la libreta de cloro
El mantenimiento técnico entra en otra liga. Desde este año, los registros deben llevarse en soporte digital: temperatura, análisis, productos empleados, fechas y responsables. Y sí, deben estar accesibles y guardarse durante años. No es capricho, es trazabilidad legal.
Las herramientas digitales para comunidades permiten hacerlo con eficacia, pero no basta con tenerlas: hay que usarlas bien, documentarlo todo y formar a quienes las gestionan. Porque no registrar una revisión puede acabar costando más que hacerla dos veces.
Los seguros ya no se fían: o cumples, o pagas más (o no te cubren)
Las aseguradoras han empezado a aplicar criterios más estrictos. Algunas exigen informes técnicos sobre la adecuación normativa de las piscinas. Otras incluyen cláusulas que excluyen siniestros si se incumplen determinados requisitos.
Esto no solo afecta al uso de la piscina, sino a la estabilidad jurídica de la comunidad. Porque una reclamación mal gestionada puede derivar en gastos importantes, tensiones vecinales… y un verano complicado.
Conclusión: abrir la piscina no es solo una llave. Es un plan
La normativa sobre piscinas comunitarias en 2025 no es exagerada. Es exigente, sí. Pero responde a una realidad: demasiadas instalaciones operaban sin control ni garantías. Ahora hay que actuar con previsión, criterio y algo de pedagogía interna.
El papel del administrador de fincas será clave: interpretar la norma, ayudar a planificar la adaptación y evitar sorpresas que se cobren en forma de multa o conflicto. Porque al final, el objetivo es que la piscina se disfrute. Sin sobresaltos.
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